Por: Thomas Hynes
El Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), aprobada en 1970, requiere que las agencias federales evalúen cualquier impacto ambiental significativo que una acción federal, como otorgar un permiso o financiar una actividad, pueda tener antes de que pueda comenzar. Esta ley crítica actúa como una red de seguridad, un respaldo vital para proteger a las comunidades de decisiones desinformadas y condiciones ambientales inseguras. Desafortunadamente, las regulaciones federales de la NEPA que habían estado vigentes durante décadas fueron debilitadas por la administración anterior, dejando a innumerables comunidades en mayor riesgo de sufrir los peligros de la contaminación.
El Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca, que proporciona orientación e interpretaciones de los requisitos de la NEPA a todas las agencias federales, Recientemente emitió una propuesta de regla que restauraría la certeza, la eficiencia, la transparencia y la participación pública significativa en la toma de decisiones federales bajo la NEPA. Si se finaliza la regla propuesta, revertirá en gran medida los retrocesos de la administración anterior y al mismo tiempo ayudará a abordar los cambios estatutarios a la NEPA incluidos en la legislación aprobada por el Congreso este verano.
¿Se tomará un momento para instar a la administración Biden a finalizar la norma más estricta posible lo antes posible?
NEPA es una ley ambiental fundamental que requiere que el gobierno federal trabaje con las comunidades para que cualquier preocupación ambiental y de salud se tenga en cuenta cuando los tomadores de decisiones consideran si aprobar un proyecto propuesto y cómo se pueden evitar o mitigar sus impactos ambientales. El proceso NEPA tiene como objetivo garantizar que las agencias federales y el público estén completamente informados sobre los impactos ambientales, económicos y de salud antes de cualquier aprobación federal. La NEPA es la forma principal mediante la cual las agencias federales consideran no sólo los impactos de sus decisiones sobre el clima, la calidad del agua, la salud humana, la infraestructura crítica y una serie de otros impactos potenciales. NEPA permite que se escuche la voz del público.
Mientras el gobierno federal continúa gastando cientos de miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura, es más importante que nunca sopesar adecuadamente los verdaderos costos ambientales de represas, carreteras, oleoductos, granjas ganaderas, minas y otros proyectos que requieren autorización federal o fondos. No podemos darnos el lujo de simplemente aprobar estos proyectos masivos. Cada día que esta ley no se aplica adecuadamente es un día en que los contaminadores pueden aprovecharse de las comunidades y amenazar nuestro clima y la calidad de nuestros recursos hídricos.
Para cumplir nuestros objetivos climáticos y abandonar rápidamente los combustibles fósiles, debemos poner en funcionamiento de manera eficiente una gran cantidad de nuevas fuentes de energía limpia y proyectos de transmisión. Las actualizaciones propuestas al proceso NEPA ayudarán a garantizar que podamos hacerlo mientras minimizamos el daño a las comunidades vulnerables y la vida silvestre.
Por eso somos instando a la Administración Biden a finalizar la norma más estricta posible lo antes posible y a trabajar con socios para garantizar que la NEPA siga sirviendo como un puente, no una barrera, hacia una economía limpia y un futuro económico.
¿Se unirá a nosotros para apoyar esta crucial protección ambiental?
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